La sombra de la impunidad sobre los autores intelectuales, la Justicia solo llegó hasta los ejecutores materiales mientras quienes ordenaron y financiaron el sacrificio humano permanecen en la impunidad.
Monte Caseros, 6 de octubre del 2025.– Este lunes 6 de octubre, a las 18 horas, en las vías del ferrocarril por calle San Martín, la comunidad de Mercedes se reunirá para recordar a Ramón Ignacio González —“Ramoncito”—, el niño de 12 años brutalmente asesinado en 2006 en un crimen que conmocionó a la Argentina. Mientras se reza el Santo Rosario por los niños de la catequesis del barrio Matadero, donde vivió la víctima, una pregunta persiste: ¿quién mandó a matar a Ramoncito?
Han pasado 19 años. Diez condenados, entre ellos Patricia Mabel López —cuya condena a prisión perpetua fue confirmada este año por la Corte Suprema—, purgan penas por un homicidio calificado como “ritual”, el primero de su tipo judicializado en el país. Sin embargo, la investigación no logró —o no quiso— llegar hasta los autores intelectuales, aquellos que, desde las sombras, ordenaron y financiaron el sacrificio humano.
Un crimen con sello sectario
El caso, documentado en profundidad por el antropólogo José Humberto Miceli, revela la existencia de una secta en formación que mezclaba cultos afrobrasileños, satanismo y adoración al “Señor La Muerte”. Según los informes periciales y la confesión de la menor Ramona Gauna —quien participó del ritual—, el crimen fue meticulosamente planificado: desde la selección de la víctima —un niño bautizado, de contextura específica— hasta el uso ritual de su sangre y restos óseos.
“Se juzgó un crimen ritual mágico religioso, que mezcló prácticas de diversas creencias, con intenciones de generar una secta”, explicó en su momento el abogado querellante Marcelo Hanson. Pero la Justicia solo alcanzó a los ejecutores materiales.
La trama que quedó impune
En su estudio etnográfico, Miceli señaló que este tipo de grupos delictivos suelen articularse con otras actividades ilegales: narcotráfico, prostitución infantil, pornografía y tráfico de fetos para rituales. Sin embargo, ninguno de estos hilos fue seguido hasta el final.
Quedaron fuera del alcance judicial:
- Las personas que encargaron el ritual.
- Las “curanderas” que practicaban abortos y vendían fetos.
- Los participantes ocasionales en orgías con menores.
- Las madres que prostituían a sus hijos.
- Los responsables de la fabricación y venta de drogas.
Falta de voluntad o incapacidad institucional
La investigación chocó desde el inicio con la incredulidad de las fuerzas de seguridad y la justicia. “La imposibilidad para ciertas personas de creer que algo así es posible se constituye en un obstáculo muy difícil de salvar”, escribió Miceli. Además, el miedo a abrir la puerta a la inimputabilidad por “estados alterados de conciencia” frenó indagatorias clave.
“Cuando se habla de posesiones o aspectos esotéricos, los fiscales temen estar abriendo las puertas a la inimputabilidad”, explicó el antropólogo. Pero los responsables —señala— actuaban con plena conciencia y con fines de poder, dinero y placer.
La deuda pendiente
A casi dos décadas del hecho, el recuerdo de Ramoncito se mantiene vivo gracias a colectivos como “Grupo Ramoncito González, Prohibido Olvidar”. Pero la impunidad de los autores intelectuales sigue siendo una herida abierta.
Este lunes, mientras las velas se enciendan y las oraciones suban al cielo, la comunidad no solo recordará a un niño víctima de la crueldad humana, sino que también interpelará a un sistema judicial que, una vez más, mostró sus límites frente a crímenes que desafían lo convencional.
La pregunta queda flotando: Si este fue el primer crimen ritual judicializado en Argentina, ¿Cuántos más habrán quedado en la sombra? Y, sobre todo, ¿Quién responde por quienes dieron la orden?
Fuentes: Artículo académico «El crimen ritual de Ramón Ignacio González» (Miceli, 2019) / Infobae (2025) / Expedientes Causa Judicial.
