Una encuesta revela el impacto de las acusaciones de corrupción en la imagen presidencial y la percepción ciudadana. La mayoría exige renuncias y teme consecuencias económicas.
Buenos Aires, agosto de 2025. – El gobierno de Javier Milei enfrenta una de sus crisis más severas tras el estallido del “Coimasgate” –también conocido como “Karinagate”–, un escándalo de presunta corrupción que involucra a su hermana Karina Milei y a funcionarios cercanos a la familia Menem. Según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban & Córdoba, el 62,3% de la población considera que la respuesta oficial ha sido “improvisada”, mientras que un contundente 65,5% exige que los implicados “renuncien y se pongan a disposición de la justicia”.
El estudio, realizado los días 27 y 28 de agosto sobre 1200 casos con un margen de error de +/-2,71%, confirma que el caso no sólo erosiona la confianza en el gobierno, sino que también activa alarmas económicas: el 61,2% cree que el escándalo impactará negativamente en los mercados, y un porcentaje similar prevé una caída en la confianza de los inversores.
La crisis llega en un momento delicado para el oficialismo. Tras una serie de derrotas legislativas –como el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad– y en un contexto marcado por las muertes por fentanilo contaminado y las secuelas del “Libragate”, el gobierno libertario parece encadenar crisis sin resolver. Mario Riorda, experto en comunicación política, lo define como una “policrisis”: un escenario de alta incertidumbre, daño reputacional y potencial impacto judicial y económico.
La ciudadanía no perdona: solo el 20,7% está dispuesto a “poner las manos en el fuego” por Karina Milei y los Menem, mientras que el 56% apoya la idea de someter al presidente a un juicio político. Además, el 47,4% considera que su gobierno “es más corrupto que los anteriores”, y apenas un 22,4% cree que “no es corrupto”.
El impacto electoral también preocupa al oficialismo: el 12% de quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023 afirma que tras este escándalo no lo volverá a votar. A ellos se suma un 13% que ya había decidido apartarse antes de conocerse las acusaciones.
La credibilidad de las explicaciones oficiales es baja: el 61,9% las considera “poco convincentes”. Y aunque el 45,1% cree que el “Coimasgate” y el “Libragate” son igual de graves, un 24,5% considera que este nuevo caso es aún más serio.
La imagen de un gobierno que prometió transparencia y pureza ideológica se resquebraja frente a la sospecha generalizada de corrupción. En un año electoral, cada punto porcentual cuenta. Y esta vez, la herida parece profunda.
