Corrientes, 31 de marzo de 2025 – La Justicia de Corrientes emitió un fallo histórico a favor de familias correntinas, condenando a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) por la aplicación de tarifas en las facturas de luz. La decisión, dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº4, ordena a la DPEC refacturar los consumos desde 2019 e incluir a los vecinos del barrio Industrial de la capital provincial en la tarifa social.
El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, quien promovió la causa, celebró el fallo y destacó que se hizo justicia por el padecimiento de los vecinos, quienes sufrieron abusos por parte de la DPEC. «Estamos muy felices porque logramos hacer justicia por el padecimiento de estos vecinos que sufrieron los graves abusos de la DPEC. La Justicia nos dio la razón y todos esos vecinos tendrán que ser compensados porque la energía es un derecho fundamental y no se puede cobrar cualquier cosa«, expresó Cubilla Podestá.
Aplicación de Tarifa Social
El fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº4 ordena a la DPEC incluirá retroactivamente a los amparistas del barrio Industrial en la tarifa social, reconociendo su condición socioeconómica y el derecho a acceder a este beneficio. Además, la distribuidora eléctrica deberá dejar de cobrarles la tarifa residencial simple, que es más costosa, y refacturar todos los períodos desde 2019 hasta la fecha, aplicando la tarifa social correspondiente.
Esta decisión judicial adquiere especial relevancia en el contexto de la demanda colectiva presentada por más de 4.000 usuarios correntinos, quienes solicitaron la anulación de los aumentos aplicados desde octubre de 2023. Cubilla Podestá, quien también representa a estos usuarios, confía en que este fallo siente un precedente favorable para la resolución de la demanda colectiva, que busca frenar los aumentos desmedidos en las facturas de luz.
Lo destacado del fallo judicial
El fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº4 destaca que «el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria«.
Esta decisión judicial representa un importante triunfo para los usuarios correntinos, quienes han denunciado los abusos de la DPEC y los aumentos desmedidos en las facturas de luz. El fallo sienta una clave precedente en la lucha por tarifas justas y accesibles, y refuerza el derecho a la energía como un servicio público esencial.
