INFORME ESPECIAL – Realizado por Irene Benito para CONNECTAS y Chequeado (1)
En Argentina, se ha identificado que al menos 46 jueces federales tienen parientes ocupando cargos en el sistema judicial, lo que plantea preocupaciones sobre el nepotismo. Un análisis de datos en 14 provincias revela que el 40% de los magistrados cuentan con familiares en sus juzgados o en otras dependencias, incluyendo a tres ministros de la Corte Suprema de la Nación.
En Argentina, el ingreso al Poder Judicial parece depender más de las conexiones familiares que de la experiencia profesional, como se ejemplifica en el caso de Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal de La Rioja, quien tiene varios familiares trabajando en su juzgado. Una investigación reveló que al menos 46 de 114 jueces federales en 14 provincias tienen parientes en la Justicia. Este fenómeno ha suscitado preocupaciones sobre la imparcialidad judicial, especialmente en Córdoba, donde se han presentado casos de cuestionamiento a la objetividad de jueces relacionados entre sí. A pesar de las impugnaciones y preocupaciones expresadas por colegas, la Corte Suprema ha defendido la situación, argumentando que las relaciones familiares no implican necesariamente falta de imparcialidad.
En 2013, se promulgó la Ley de Ingreso Democrático en Argentina para regular la designación de empleos en el sistema judicial mediante concursos, buscando frenar el nepotismo. Sin embargo, expertos como Alberto Binder y Juan José Nardi destacan que la Justicia Federal incumple esta regulación, perpetuando prácticas nepotistas que afectan la carrera administrativa y generan desigualdades en el Poder Judicial. Recientemente, la Corte Suprema, a través del ministro Ricardo Lorenzetti, reconoció el problema de nombramientos sin concurso, pero nunca ha implementado la reglamentación de la ley. A pesar de esta situación, varios magistrados de la Corte tienen familiares en posiciones judiciales, lo que plantea cuestionamientos sobre la ética y la austeridad en la administración de justicia.
Jueces de la Corte Suprema con familiares designados en la Justicia federal argentina
RESPUESTA DEL JUEZ RICARDO LORENZETTI
RESPUESTA DEL JUEZ JUAN CARLOS MAQUEDA
RESPUESTA DEL JUEZ HORACIO ROSATTI
Fuente: Datos de julio de 2024. Referencia: Base de datos desarrollada por ACIJ. Investigación de CONNECTAS y Chequeado.
Aclaracion: La difusión de los nombramientos de familiares de la magistratura federal argentina no implica afirmar que en todos esos casos necesariamente existió nepotismo ni comporta un juicio sobre las aptitudes intelectuales o morales de las personas contratadas • Metodología
Consultado por esto, la oficina de Lorenzetti respondió que como su esposa ingresó al Poder Judicial dos años antes al matrimonio, “no se configura en el caso un supuesto de nepotismo”. Y “en cuanto a Ana Marcela Perren, esta fue designada en Rosario, siendo una jurisdicción totalmente ajena a la que ejerce el ministro”.
Otros dos magistrados de la Corte Suprema, Rosatti y Maqueda, también cuentan con familiares nombrados en la Justicia federal. El primero es padre de Emilio Rosatti, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Y Maqueda es padrastro de Verónica Ferrer Deheza, secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Ambos jueces justificaron y se desligaron de estos nombramientos. Rosatti, que preside el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, dijo que su hijo ingresó a la Justicia federal en el tramo inicial del escalafón (escribiente auxiliar interino) el 28 de diciembre de 2007, y que él asumió en la Corte el 29 de junio del 2016, “es decir ocho años, nueve meses y un día después” que su hijo.
Maqueda, por su parte, expresó que su hijastra ingresó a la Justicia en 1998, cuatro años antes de que él asumiera en la Corte Suprema. A continuación, precisó los seis ascensos que recibió Ferrer Deheza en 26 años de carrera judicial, y destacó los títulos y diplomas que adquirió. También enumeró los antecedentes de la mujer para probar que es “absolutamente ajeno” a su nombramiento y a sus ascensos.
Un gremio de cónyuges, hijos y hermanos
Un análisis de la Justicia Federal en 14 provincias de Argentina reveló que un número significativo de jueces, especialmente aquellos con más de 10 años de antigüedad, han nombrado a familiares en cargos dentro del sistema. Este patrón de nepotismo, particularmente evidente en Santa Fe, plantea serias preocupaciones sobre la transparencia e imparcialidad del Poder Judicial. Si bien no todos los casos pueden ser nepotismo, el volumen sugiere la influencia de los lazos familiares en la selección de personal. La falta de respuesta de los jueces involucrados a las consultas sobre estos nombramientos aumenta la preocupación por la falta de rendición de cuentas.
El caso del juez federal Marcelo Bailaque de Rosario
El juez federal Marcelo Bailaque de Rosario enfrenta una denuncia por irregularidades que favorecieron a un narcotraficante. La situación se agrava por la presencia de tres hijos de Bailaque trabajando en su juzgado y la conexión del juez con el acusado a través de un contador compartido. Este caso evidencia el problema del nepotismo en la justicia argentina, la falta de transparencia en los nombramientos y la necesidad de garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
Gatopardismo judicial
¿Qué explica la prevalencia de las relaciones familiares en la Justicia argentina? Este es un fenómeno que no es nuevo. Como explica el académico Alberto Binder, “el nepotismo existió siempre, pero se acentuó cuando los cargos judiciales empezaron a ser apetecidos. Esto comienza a crecer durante el menemismo (años 90)”.
En 2007, la Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que los países procurarán adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados y funcionarios públicos no electivos “basados en principios de eficiencia y transparencia, y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud”. Y en 2013, el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial, con el propósito de poner fin a la práctica de contratar empleados por ser familiares o conocidos de los jueces.
Pero ninguna medida logró frenar los casos de nepotismo en la rama judicial. En el caso de la Ley de Ingreso Democrático, esta nunca se aplicó en los tribunales de justicia porque –como se dijo– sucesivas decisiones y omisiones del máximo tribunal dejaron a la normativa fuera de juego. La Corte Suprema mantuvo (según se afirmó en 2013, transitoriamente) en las cámaras federales y nacionales las facultades de designación y promoción del personal.
Binder explica que parte de la razón de la persistencia de este sistema tiene que ver con los jugosos salarios del sector judicial: “ocurre que los puestos más bajos de la Justicia Federal hoy son retribuidos con sueldos inmensos. Es un botín extraordinario”.
Cada uno de estos cargos que ocupan parientes implican retribuciones muy tentadoras para una economía tan golpeada como la de la Argentina. La remuneración de auxiliar, el puesto más bajo de la escala salarial judicial, equivale a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Según la escala salarial de abril de 2024, un auxiliar percibe $ 923.243 mensuales (USD 927 -cotización oficial-). En el otro extremo, un secretario de Cámara, uno de los cargos de funcionario judicial más altos, recibe un salario de al menos $ 2,8 millones (USD 2.814 -cotización oficial-), monto que corresponde a 12 salarios mínimos. Las consignadas son cifras apenas orientativas porque la escala judicial no incluye todos los rubros incluidos en los recibos.
Ese “botín” burocrático incentiva lo que Binder llama “designaciones cruzadas”, cuando dos jueces se devuelven el favor de nombrar los familiares del otro. “Yo nombro a tus parientes y vos nombrás a los míos. Esto todo el mundo lo sabe y lo conoce”, explica el académico.
Para el sociólogo Juan José Nardi, entre las vocalías de un mismo cuerpo se producen “retribuciones” recíprocas. Este investigador también ve que son comunes los “favores” que suelen hacerse en la primera instancia para congraciarse con el tribunal de alzada. Por ejemplo, el hecho de nombrar familiares de camaristas a cambio de una subrogancia, función que otorga mayor poder de decisión y un plus salarial porque, de esa manera, un mismo juez tiene a cargo dos juzgados y, por esa carga de trabajo adicional, mejora su remuneración.
Pero, de fondo, lo que prima en esta práctica para Binder es “la laxitud y el desinterés éticos imperantes en el Poder Judicial”. Y añade que “el nepotismo muestra la paradoja de que una de las profesiones que debería estar regulada con mayor rigurosidad, como la de los abogados y la de los jueces, es la que menos lo está”.
El profesor Binder sostiene que, si no se pone límites a la práctica del nepotismo, seguirá expandiéndose la “perversión original de la endogamia” que dificulta muchísimo “la generación de poderes judiciales independientes”.
El intento fracasado más reciente de frenar la llamada “dedocracia” judicial fue la Ley de Ingreso Democrático de 2013. Pero quienes deben custodiar su observancia encontraron la forma de colocarse por encima de ella. Y como advierte Binder, nada perturbó la reproducción de ese statu quo que es la gran familia judicial.
(1) Créditos: Esta investigación fue realizada por Irene Benito. Por CONNECTAS participó Leonardo Oliva (acompañamiento editorial). Por Chequeado, Matías Di Santi, Ignacio Ferreiro, Franco Piccato, Manuel Tarricone y Laura Zommer (edición).
