A diez años del secuestro, tortura y homicidio de Sebastián “Nino” Largueri a manos de la policía de Monte Caseros, la jueza Amelia Itatí Olivieri resolvió cerrar la investigación por prescripción. La familia del joven apeló la medida y denuncia maniobras judiciales para favorecer a los cuatro efectivos acusados, que continúan en funciones públicas.
La madrugada del 15 de agosto de 2015, Nino Largueri fue sacado por la fuerza de la casa de un amigo. No había orden de captura. Quienes lo secuestraron eran policías: Ramón Goin, Cristian Íbalo, Roberto Aguirre y Walter García. Lo condujeron a las afueras de Monte Caseros, provincia de Corrientes. Nino logró escapar momentáneamente cerca de un campo del Ejército, donde pidió ayuda y advirtió que lo matarían si lo recapturaban. Pero los militares dieron aviso a los efectivos. Horas después, el joven volvió a estar en manos de quienes lo habían torturado. Su cuerpo apareció sin vida, quince días más tarde, en las aguas del río Miríñay.
La Justicia lleva diez años de entorpecer y brindar impunidad
A casi once años de aquel crimen, la causa judicial que investiga el secuestro, la tortura y el homicidio de Nino enfrenta un nuevo y decisivo obstáculo. El 2 de febrero de 2026, la jueza Amelia Itatí Olivieri —a quien la familia desconoce en el expediente, originalmente a cargo de la magistrada Elsa López— resolvió declarar la prescripción de la causa y ordenar su cierre. En los hechos, la decisión extingue todas las pruebas acumuladas durante más de una década y deja sin posibilidad de juzgamiento a los cuatro policías acusados.
“Una vez más la justicia recurre a artimañas absurdas”, denuncia la familia Largueri en un comunicado difundido esta semana. “Con este accionar queda demostrado el ensañamiento por mantener la impunidad y el encubrimiento hacia los policías”. El texto, que lleva la firma del círculo íntimo de la víctima, llama a organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos y personas autoconvocadas a sumarse a una campaña que aún no precisó su forma, pero que tendrá como eje central la exigencia de que la causa no sea archivada.
La lucha incansable de su Hermana
Anahí, hermana de Nino, aporta un dato clave en la apelación presentada por la familia: los cuatro efectivos imputados continúan ejerciendo cargos públicos. El artículo 67 del Código Penal establece con claridad que la prescripción se suspende mientras cualquiera de los implicados se desempeñe en una función de esa naturaleza. “No puede prescribir un crimen si los acusados siguen en la policía”, sostiene Anahí, quien además denuncia ser víctima de una persecución judicial que ya acumula cuatro causas abiertas contra ella, todas vinculadas —según su relato— a su lucha por obtener justicia para su hermano.
El caso Largueri no es un hecho aislado en la provincia de Corrientes. La hermana de la víctima habla sin eufemismos de una “mafia” que articula a sectores de la justicia y la política local, con medios de comunicación que, salvo contadas excepciones, guardan silencio ante resoluciones como la de la jueza Olivieri. En esa red de impunidad, los nombres de los cuatro policías reaparecen una y otra vez: Goin, Íbalo, Aguirre y García. Procesados por el secuestro y las torturas, aún no enfrentaron un juicio oral.
15 años sin justicia
El nuevo dictamen judicial, que la familia busca revertir, llega en un momento particular: el 15 de agosto de este año se cumplirán once años del secuestro de Nino. Once años de una causa que ahora, por decisión de una jueza que se incorporó al expediente sin que los querellantes comprendan del todo cómo, está a punto de ser sepultada por el propio Estado que debió garantizar justicia.
Mientras la apelación tramita, el cuerpo de Nino Largueri sigue siendo el único que las aguas del río Miríñay devolvieron. Y sus verdugos, aquellos que lo sacaron de su casa sin orden ni piedad, continúan en funciones, amparados por un sistema que, una vez más, encuentra la manera de mirar hacia otro lado.
