Los departamentos correntinos de Ituzaingó y Berón de Astrada superan el 30% de tenencia extranjera, ubicados sobre el río Paraná. Investigadores advierten que la concentración en zonas fronterizas y con recursos estratégicos compromete la soberanía nacional y el control de bienes vitales.
Un informe elaborado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha encendido una señal de alerta sobre la concentración de tierras en manos extranjeras en el noreste argentino. Según el estudio, siete departamentos de Misiones y Corrientes superan el límite del 15% establecido por la Ley de Tierras 26.737, una norma que desde 2011 regula la titularidad de tierras rurales por parte de personas o empresas foráneas y que actualmente se encuentra en el centro de la disputa política.
En Corrientes, la situación es especialmente crítica en los departamentos de Ituzaingó y Berón de Astrada, donde la extranjerización alcanza el 34% y 33% respectivamente. Ambos se ubican en zonas de frontera con Paraguay, en áreas de alto valor ambiental y productivo, con abundancia de bosques, pasturas y recursos hídricos. También se observa una presencia significativa de tenencia extranjera en otros departamentos como Monte Caseros, aunque en menor porcentaje, completando un patrón de ocupación que preocupa a los especialistas.
Los datos forman parte de un mapa interactivo desarrollado por el Observatorio de Tierras (integrado por CONICET y UBA), que revela que a nivel nacional cerca del 5% del territorio argentino – más de 13 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Inglaterra – está en manos extranjeras. Aunque el gobierno nacional sostiene que ninguna provincia supera el 15%, el análisis por departamento expone una realidad distinta: existen 36 departamentos en todo el país que ya exceden ese límite, y en cuatro de ellos la extranjerización supera el 50%.
Patrón estratégico: agua, frontera y recursos
El patrón que emerge es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas. En el caso de Corrientes, Ituzaingó y Berón de Astrada se encuentran sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná, una región de valor logístico, ambiental y productivo estratégico.
“La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”, señala el informe del Observatorio. La concentración en manos extranjeras no solo implica un cambio en la propiedad, sino que impacta directamente en la soberanía, el uso del suelo y el desarrollo de las comunidades locales.
¿Quiénes son los dueños?
Según el relevamiento, los principales poseedores extranjeros de tierras en Argentina son, en orden: Estados Unidos (con más de 2,7 millones de hectáreas, una superficie mayor que la provincia de Tucumán), Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada en el país.
La ley en disputa
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, fijó límites a la extranjerización y fortaleció los controles para evitar triangulaciones. Sin embargo, en 2016 un decreto del entonces presidente Mauricio Macri flexibilizó su aplicación, y en 2023 el gobierno de Javier Milei derogó la norma mediante un DNU, aunque la medida fue frenada provisionalmente por la justicia en enero de 2024 tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).
Los investigadores advierten que la derogación “no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos”, y podría profundizar conflictos sociales. En un contexto global de creciente disputa por recursos como el agua y la energía, permitir la expansión extranjera en áreas sensibles “supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”.
La voz de los expertos
Para los autores del estudio, definir qué se puede vender y bajo qué reglas “no es una cuestión administrativa: ordena el acceso a recursos centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo”. Desarmar las protecciones existentes, sostienen, “reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”.
Mientras el debate político continúa, en provincias como Corrientes los números hablan por sí solos: la tierra, el agua y el futuro de sus comunidades están cada vez más en juego.
Fuentes: Informes del Observatorio de Tierras (CONICET-UBA), artículos de ANRed y IESYH, y datos específicos sobre Misiones y Corrientes proporcionados.
