Represión a protestas, detenciones arbitrarias y ataques a la independencia judicial advierte el informe de nueve relatores especiales de la ONU. En el mismo alertan sobre el uso excesivo de la fuerza, restricciones a libertades fundamentales y hostigamiento a jueces desde 2023.
Relatores especiales de las Naciones Unidas emitieron un informe contundente contra el gobierno argentino por el «grave deterioro de las libertades fundamentales y el espacio cívico» desde diciembre de 2023. El documento, dirigido al Estado argentino con fecha 23 de mayo del 2025, detalla violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo represión violenta de protestas, detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y ataques a la independencia judicial.
El informe reconoce el trabajo de monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad que viene realizando la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura conjuntamente con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
A continuación, detallamos los aspectos Claves del informe:
Represión a manifestaciones pacíficas
El informe critica el «protocolo antipiquetes» y el uso desproporcionado de fuerza policial, con más de 665 heridos reportados entre enero y junio de 2024, incluyendo personas mayores, niños y periodistas.
En este contexto se documentaron casos de gases lacrimógenos vencidos, disparos de balas de goma a corta distancia y tácticas de acorralamiento contra manifestantes.
Detenciones arbitrarias y violencia institucional
Detalla que, en la protesta del 12 de marzo de 2025, 114 personas fueron detenidas, muchas sin causa justificada, incluyendo jubilados. Algunas sufrieron requisas vejatorias y fueron privadas de atención médica.
A la vez, la ONU cuestiona la Ley 27.786 («ley anti mafias»), que permite detenciones preventivas de hasta 30 días sin garantías judiciales plenas.
Ataques a la independencia judicial
Señala que jueces como Roberto Gallardo y Karina Andrade enfrentaron amenazas y denuncias por fallos que limitaban acciones del gobierno, en lo que la ONU califica como «un patrón de hostigamiento«.
Además de que altos funcionarios, incluido el Ministro de Justicia, realizaron declaraciones públicas estigmatizantes contra magistrados, lo que podría afectar su imparcialidad.
Estigmatización y criminalización de la protesta
Las autoridades, incluido el Presidente y la Ministra de Seguridad, llamaron «terroristas» o «golpistas» a manifestantes, lo que, según la ONU, incita a la violencia y viola la presunción de inocencia.
Resalta que la resolución 84/2024, que retira planes sociales a participantes de protestas, fue señalada como una medida coercitiva contra sectores vulnerables.
Reacciones y exigencias de la ONU
El informe insta al gobierno argentino a Investigar y sancionar los abusos policiales. Debería Derogar o modificar normativas que restringen libertades, como el protocolo antipiquetes y el decreto antiterrorista. Debe Garantizar la independencia judicial y cesar el hostigamiento a jueces. También debe reparar a las víctimas de violencia estatal.
El informe, comunicado al Gobierno Argentino, está publicada en el sitio web de la ONU, y sus hallazgos podrían ser incluidos en informes ante el Consejo de Derechos Humanos.
El documento se enmarca en un escenario de creciente conflictividad social en Argentina, marcado por protestas contra reformas económicas, ajustes en pensiones y despidos masivos. Organizaciones de derechos humanos locales, como la Comisión por la Memoria, ya habían alertado sobre el aumento de la represión.
Fuente: Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
