Río Grande, Tierra del Fuego. – El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, solicitó la detención y llamado a indagatoria de diez militares por la presunta comisión de torturas contra soldados conscriptos durante la Guerra de las Malvinas en 1982. Los acusados, que ocuparon cargos jerárquicos en la Brigada de Infantería III y el Regimiento de Infantería 4, son imputados por imposición de tormentos como «estaqueamientos», «enterramientos» e inmersión en aguas heladas.
Los acusados
La lista de militares imputados incluye a Diego Soria, Ricardo Cordón, Clemente Pecora, Jorge Echeverría, Jorge Chaud, Carlos Lopez Paterson, Jorge Farinella, Alejandro Moughty, Orlando González y Rafael Barrientos. Según la fiscalía, estos individuos ordenaron y ejecutaron diversos actos de tortura contra soldados bajo su mando, incluyendo ensañamiento con aquellos de origen judío.
«Estaqueamientos» y «enterramientos»
Entre las prácticas de tortura denunciadas, se destacan los «estaqueamientos», que consistían en atar a las víctimas por las extremidades, y los «enterramientos», donde se les enterraba hasta el cuello. Estas acciones, según la fiscalía, se llevaban a cabo como forma de castigo y control ante la falta de alimentos y abrigo, y las dificultades que esto generaba entre la tropa.
«Pactos de silencio»
La investigación revela que, al regresar al continente, los soldados eran obligados a firmar «pactos de silencio» para evitar que revelaran las atrocidades sufridas en las islas. Dos de los casos presentados por el fiscal Rapoport detallan cómo las víctimas fueron “estaqueadas» durante horas como castigo por faltas menores, y luego obligadas a firmar estos pactos en la guarnición militar de Campo de Mayo.
Circular con la firma de Cristino Nicolaides, jefe del Ejército en 1982, que revela el plan para tapar todo. El texto “secreto” troca vejámenes por “faltas disciplinarias” y ordena que los casos de gravedad inocultable le sean informados al militar para resolverlos en persona. “En los casos en que se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva, de modo de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad en el frente interno”, manda con su firma.
Un largo camino judicial
Esta causa se inició en 2006 a partir de la denuncia de un exsoldado. A lo largo de los años, se sumaron nuevas denuncias y se recopilaron testimonios que describen los tormentos padecidos por los conscriptos. La desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas en 2015 permitió acceder a información crucial para contrastar los testimonios y reconstruir los hechos con mayor precisión.
Obstáculos y avances
En 2018, la fiscalía presentó un requerimiento de instrucción que se centró en los ilícitos cometidos en el Regimiento de Infantería N° 5. Se imputó a 26 oficiales y suboficiales, y en 2019 se tomaron las primeras declaraciones indagatorias. Sin embargo, un fallo de la Cámara de Casación Penal en 2021 puso en duda la calificación de estos crímenes como de lesa humanidad, lo que podría implicar su prescripción. El caso llegó a la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse al respecto.
Esperando justicia
A pesar de los obstáculos, el fiscal Rapoport continúa impulsando la investigación. La solicitud de detención de estos diez militares representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de torturas durante la Guerra de Malvinas, y reabre el debate sobre la necesidad de juzgar los delitos de lesa humanidad, sin importar cuándo o dónde se hayan cometido.
Fuentes: https://agendamalvinas.com.ar/ Fotos: Ilustrativas.
