El máximo tribunal penal del país revocó un fallo que beneficiaba a los imputados y ordenó que la investigación continúe en el Juzgado Federal de Paso de los Libres. Los jueces consideraron «prematura» la decisión que había cerrado la pesquisa sobre el blanqueo de capitales en una causa que incluyó más de 20 allanamientos en 2022.
La Cámara Federal de Casación Penal dio un giro clave en la megacausa originada en Monte Caseros al anular el sobreseimiento que había sido dictado en favor de los imputados por el delito de lavado de activos. La resolución, adoptada el 19 de febrero de 2026 por la sala III del tribunal, revierte el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y dispone que el proceso debe continuar su curso en la instancia de origen.
Los jueces Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky hicieron lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado la decisión que beneficiaba a los acusados. En su voto, Gemignani sostuvo que la resolución de la Cámara correntina presentaba una «fundamentación aparente» y que no surgían «elementos que permitan sostener la presencia de certeza negativa que requiere el ordenamiento procesal para dictar un sobreseimiento».
Una investigación que comenzó con un megaoperativo
El caso se remonta al 29 de noviembre de 2022, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina desplegaron un imponente operativo en Monte Caseros con más de 20 allanamientos simultáneos. Los procedimientos incluyeron supermercados, una discoteca, una agencia de autos, una librería y domicilios particulares, y arrojaron como saldo 13 personas detenidas, mientras que otras lograron eludir el cerco policial.
La causa, instruida por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, investigaba una presunta asociación ilícita dedicada al contrabando de mercadería y al posterior lavado de los activos provenientes de esa actividad ilegal.
El derrotero judicial
El 11 de abril de 2023, el juzgado dictó el procesamiento de A. M. A., F. A. Z., R. A. M., E. S. A., R. D. P., R. E. R., R. R. R., M. A. G., F. E. Y., L. A. R., J. R. C. y R. R. F., entre otros, por los delitos de contrabando y lavado de activos.
Sin embargo, el 27 de octubre de ese mismo año, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes revocó parcialmente los procesamientos en lo referido al lavado de dinero. Para el tribunal, no surgía «una explicación razonada que permita vincular a los nombrados con el hecho consistente en poner en circulación bienes provenientes de un ilícito penal».
Un año después, el 11 de abril de 2024, el juzgado de primera instancia sobreseyó total y definitivamente a Z. L. G. —la única imputada exclusivamente por lavado— y parcialmente al resto de los acusados por el mismo delito. La Cámara Federal de Corrientes confirmó esa decisión el 4 de octubre de 2024, lo que motivó el recurso de la fiscalía ante la Casación.
«Certeza negativa» vs. «fundamentación aparente»
Para los jueces del máximo tribunal penal, la decisión de sobreseer fue precipitada. Mahiques señaló en su voto que un informe de la Prefectura Naval incorporado al expediente contenía elementos que «ameritan un análisis más profundo e integral», como la recepción de dinero en moneda extranjera producto del contrabando y su vínculo con un supermercado y una agencia de autos.
«La investigación cuenta con un listado de bienes no justificados por los imputados que deberán ser valorados», sostuvo el magistrado, quien además citó jurisprudencia de la Corte Suprema sobre «la necesidad de evitar decisiones de sobreseimiento que, por su anticipación o formalismo, obstaculicen el ejercicio regular de las atribuciones de los órganos especializados del Estado».
Por su parte, Borinsky enfatizó que «el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta», extremo que no se verificaba en el caso. Gemignani, en tanto, concluyó que el análisis del plexo probatorio había sido «parcializado», sin evaluar profundamente «la posibilidad de que la conducta descubierta encierre la intervención de los nombrados en otros tipos penales».
Lo que viene
Con este fallo, la causa regresa al Juzgado Federal de Paso de los Libres, que deberá impulsar nuevas medidas de prueba para esclarecer los hechos vinculados al lavado de dinero y a la asociación ilícita que motivaron el histórico operativo de 2022.
La resolución abre además la posibilidad de que el debate llegue a la Corte Suprema de Justicia, ya que el tribunal hizo lugar a la reserva del caso federal efectuada por las partes. Por ahora, la investigación sobre el presunto blanqueo de capitales en Monte Caseros deberá reabrirse y profundizarse, en un nuevo capítulo de una causa que promete seguir dando que hablar.
Fuente: Radio Mega 95.3 Mhz.
