El decreto de delegación de gestión excluye el envío de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que por ley deben financiar el mantenimiento de las rutas. Provincias y municipios denuncian que la Nación acumula más de $3 billones sin ejecutar.
En medio del anuncio del traspaso de la gestión de rutas nacionales a nueve provincias aliadas, una omisión clave encendió las alarmas en los gobiernos locales: el decreto no contempla la transferencia de los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que por ley deben destinarse a la mejora y el mantenimiento de la infraestructura vial.
Mientras el Ejecutivo nacional avanza con un esquema que delega en provincias como Corrientes, Córdoba, San Luis, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, San juan , Neuquén y Santa Cruz la potestad de concesionar tramos de rutas mediante peajes y financiamiento privado, los recursos que ya aportan los contribuyentes en cada litro de nafta permanecen en manos de la Nación sin ser ejecutados.
Más de $3 billones retenidos
Según un documento presentado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) al ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno nacional acumuló en los últimos dos años y cuatro meses más de $3 billones provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos que no fueron destinados a las obras viales que establece la ley.
El cálculo es contundente: del total recaudado por litro de combustible, el 28,5% debe ir al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Dentro de ese porcentaje, el 50% corresponde a obras en rutas a través del sistema SISVIAL, mientras que otro 4,31% debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
Eso significa que, de cada litro de nafta, una porción significativa está etiquetada por ley para el mantenimiento de las rutas. Pero, en los hechos, esos fondos no llegan.
«Se solicita la ejecución de las obras públicas que corresponden hacer por ley con los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos«, reclamaron los intendentes en el documento dirigido a Caputo.
Un modelo que esquiva los fondos existentes
El decreto firmado por el presidente delega en las provincias la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales. Pero en ningún punto establece el traspaso de los recursos del ICL a las jurisdicciones locales.
Por el contrario, el esquema impulsado por Nación fuerza a las provincias a buscar financiamiento privado o a través de peajes, tal como reconocen los propios gobernadores.
Un debate de fondo
La discusión trasciende lo administrativo y toca el corazón del federalismo fiscal. Los recursos del impuesto a los combustibles son generados por todos los argentinos que cargan nafta, pero su ejecución queda centralizada en el poder Ejecutivo nacional, sin control efectivo sobre su destino.
Mientras el gobierno presume de delegar la gestión de las rutas, retiene los fondos que por ley deben financiar exactamente esas rutas. Las provincias, entonces, enfrentan un dilema: aceptar la responsabilidad sin los recursos correspondientes, o quedar a merced de un sistema de peajes que impactará directamente en el bolsillo de los usuarios.
Para los intendentes de todo el país, la ecuación es sencilla: los fondos están, los recaudó la Nación, y la ley dice que deben usarse para las rutas. Solo falta que se ejecuten.
