Dos secretarias del fiscal general César Sotelo relevan documentación en la UFIC local. La medida busca determinar las causas del elevado número de causas acumuladas y los cuestionamientos públicos que enfrenta el funcionario desde 2022.
Durante toda la jornada del lunes 20 de abril, la Unidad Fiscal de Instrucción y Causas (UFIC) de Monte Caseros fue objeto de una inspección a cargo de dos secretarias enviadas por el fiscal general César Sotelo. El operativo, que se extendió durante todo el día, apunta a determinar las causas por las cuales el fiscal Ricardo López Ruiz acumula una elevada cantidad de denuncias en su despacho, muchas de ellas vinculadas a presunta inacción, maltrato a víctimas y liberación de sospechosos.
Las inspectoras, que responden directamente a la Fiscalía General de la Provincia, trabajaron en el edificio de Vicente Mendieta, revisando legajos, plazos procesales y estadísticas de casos. Fuentes judiciales consultadas señalaron que la medida no fue anunciada públicamente y se enmarca en una revisión administrativa interna.
En ese contexto, trascendió un dato que agregó suspicacia al operativo: en la secretaría relatora de la Fiscalía General —dependencia que supervisa el desempeño de los fiscales— se desempeña Julia Elena López Ruiz, hermana del fiscal Ricardo López Ruiz. Si bien fuentes oficiales evitaron confirmar si existe algún impedimento ético o reglamentario, la situación generó suspicacias entre sectores que vienen cuestionando al funcionario desde hace más de dos años.
Antecedentes públicos
La inspección llega después de una serie de denuncias públicas difundidas por medios locales y plataformas de derechos humanos entre 2022 y 2023, aunque no hay constancias de presentaciones formales por mal desempeño contra el fiscal.
En diciembre de 2022, la agrupación Co.De.Ju (Coordinadora por los Derechos y la Justicia) denunció que una familia de Mocoretá intentó radicar una denuncia por abusos y violaciones reiteradas contra un miembro paterno —con hechos que se extendían por más de diez años— y que tanto la comisaría de la Mujer y el Menor de Monte Caseros como el propio fiscal López Ruiz habrían demorado la recepción de la denuncia. Según el relato, las víctimas fueron derivadas de una dependencia a otra, y el fiscal finalmente dispuso solo una restricción perimetral.
En enero de 2023, el mismo colectivo visibilizó otro caso: una madre denunció que su ex pareja habría abusado sexualmente de sus dos hijos de 3 y 5 años durante las visitas. El fiscal dispuso nuevamente una perimetral de 30 días, renovable, y la madre aseguró no haber recibido información sobre las pericias médicas. El artículo publicado en Indymedia Argentina tituló: “Otro caso de abuso sexual, con la vista gorda del fiscal López Ruiz”.
A fines de marzo de 2023, vecinos de Monte Caseros, Mocoretá, Juan Pujol y zonas rurales marcharon frente a la fiscalía para pedir la renuncia del fiscal, en medio de reclamos por inseguridad. Durante esa protesta, se denunció represión policial contra un productor. En una entrevista radial de ese mismo mes, López Ruiz declaró: “No pienso renunciar, no evalúo esa posibilidad”, y afirmó estar “satisfecho con el trabajo”.
El contexto de 2024 y 2025
Según pudo reconstruir este medio, durante gran parte de los años 2024 y 2025 la fiscalía estuvo a cargo de Belén Arrua como fiscal subrogante. No se registraron durante ese período nuevas denuncias públicas de similar magnitud contra la gestión de Arrua. La inspección actual se centra específicamente en la gestión de López Ruiz, quien retomó sus funciones.
Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General emita un comunicado o eleve un informe preliminar sobre los resultados de la inspección. Mientras tanto, organizaciones sociales anticipan que seguirán de cerca el avance de las actuaciones y no descartan protestas si los expedientes permanecen parados, en muchos casos sin elevar a Juicio.
